SANTO DOMINGO. En una audiencia a la que no asistió representación de República Dominicana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer ayer el estado de cumplimiento de parte del Estado dominicano a las decisiones emitidas por ese tribunal respecto al reconocimiento de la nacionalidad a personas de ascendencia haitiana.

La corte presidida por el juez Eduardo Ferrer Mac Gregor, revisó los casos de las niñas Yean y Bosico, fallado por ese tribunal en septiembre del 2005, así como el de personas dominicanas y haitianas que habrían sido expulsadas del país.

La parte demandante, cuestionó que desde el 2014 el Estado Dominicano no ofrece información respecto al cumplimiento de las sentencias, por lo que demandó de la Corte, instar al país a iniciar un diálogo que permita evaluar su estado de cumplimiento.

En la audiencia, a la que tampoco asistió la representante de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos, por razones de salud, la defensa de las presuntas víctimas denunciaron que, tras la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y la aprobación de la ley 169-14, el Estado ha creo una situación más compleja con pluralidad de personas desnacionalizadas.

Plantean que con los nuevos perfiles creados a través de la Ley 169-14 que estable un régimen especial de nacionalidad para los hijos de extranjeros no residentes que se inscribieron en el registro civil dominicano entre 1929 y 2007, así como para los que no están inscrito, resulta más complejo y difícil que dominicanos de ascendencia haitiana puedan obtener sus documentos de identidad.

Alegan que, a la fecha, ninguna de las personas que figuran como víctimas de desnacionalización ene l proceso y expulsión en el proceso, ha podido recuperar sus documentos que le acreditan como dominicanas y que algunos no han podido volver al país, y otros viven con el miedo a ser detenidos en cualquier momento por los organismos migratorios. También cuestionan informaciones que se ofrecen públicamente de casos resueltos de los que no se conocen los afectados.

Cristiana Francisca, del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (MUDHA), que lleva el caso junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), se quejó de que, pese a que la Corte ordenó adoptar las medidas para que las personas pudieran acreditar su nacionalidad, eso no ha ocurrido. Citó el caso de dos niñas a la que esta semana le informaron que no podrán inscribirse en el colegio por falta de documentos.

En 2014 El Tribunal Constitucional dominicano declaró como inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estableciendo que las decisiones de ese organismo no son vinculantes para el país. Desde entonces, el país no ha vuelto a enviar representación ni informes al tribunal internacional, por lo que la parte demandante volvió a reclamar el pronunciamiento de la Corte -IDH respecto al alcance o no de sus decisiones para el Estado Dominicano.

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