La sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) en contra del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) constituye una nueva y grave vulneración del ordenamiento jurídico-constitucional dominicano.
La
sentencia del TSE desconoce el precedente sentado por la Sentencia
TC/0353/18 dictada por el Tribunal Constitucional que revocó la
sentencia del TSE núm. TSE- 002-2018, en virtud de la cual el TC
estableció que dicha sentencia “vulneró las garantías constitucionales
del debido proceso y la tutela judicial efectiva, en lo referente a la
debida motivación, el principio de legalidad y el derecho de defensa del
Partido Revolucionario Dominicano”.
Desde el punto de vista del
Derecho y la justicia electoral, el TSE ha vuelto tras sus pasos
infringiendo un daño injustificado. Es evidente que en este accionar la
mayoría del TSE confundió su papel de tercero imparcial para incursionar
en ámbitos propios de las partes interesadas.
Los alegatos de
los demandantes durante el conocimiento del juicio celebrado por el
Tribunal Superior Electoral (TSE), en ninguna circunstancia se
refirieron al quórum del Comité Ejecutivo Nacional, sino al
procedimiento de convocatoria de la Comisión Política.
Quedó
demostrado que todos los organismos partidarios fueron convocados de
acuerdo a los estatutos del PRD, con la presentación de las pruebas
documentales y testimoniales. Incluso sus propios testigos admitieron
haber sido adecuada y oportunamente convocados.
Una parte del
TSE, prejuiciada, negando los hechos y el buen Derecho, violenta los
preceptos legales y la jurisprudencia, justificando la anulación de la
reforma estatutaria, argumentando sorpresivamente una infundada falta de
quórum; nunca antes referida, ni debatida durante el proceso.
Reiteramos
que el quórum no fue un tema controvertido por las partes ni en el
primer, ni en el segundo proceso, por lo cual el derecho a la defensa
del PRD, fue vulnerado, violando la constitución, las normas vigentes y
los procedimientos habituales de todos los tribunales de laRepública.
Pero
más aún, se ignoró con inicua intención la certificación de un notario
público, que reposa en el expediente, que evidencia un quórum del 81%
presente en el CEN, como bien manifestaron dos jueces del TSE en
contundentes y bien fundados votos disidentes.
Esa sentencia,
por tanto, carece de equidad y está fuera de toda lógica jurídica, por
lo cual es ilegitima, por tanto será revertida, por el Tribunal
Constitucional, para recuperar el Derecho y la justicia.
Es
obvio que existe una clara intención de algunos integrantes del TSE de
afectar la institucionalidad del PRD, lo que queda de manifiesto no
solo por el grosero y desvergonzado desacato al precedente del TC sino
por la ostensible tardanza de rendir una sentencia en un tiempo oportuno
que no obstaculice la participación electoral del PRD y sus
precandidatos y candidatos en los procesos electorales que se avecinan
inminentemente.
El PRD exhorta a las demás organizaciones
políticas a observar con detenimiento la práctica del TSE, pues lo
acontecido contra el PRD no es indiferente al sistema de partidos en la
República Dominicana.
El PRD reafirma su vocación
institucional, ante el adefesio jurídico que evacua el TSE. Ante esta
situación, las autoridades del PRD se abocan a convocar los organismos
del partido para evaluar los pasos a seguir dentro del marco del
ordenamiento legal y estatutario a nuestras manos.
Esta
sentencia deshonra la justicia electoral y constituye un grave atentado
contra el Estado de Derecho, la estabilidad política y la majestad y
autoridad del TC como órgano de cierre del sistema constitucional, por
lo cual el PRD ha ordenado a sus abogados accionar en representación
legal del PRD ante el TC, para cuestionar la decisión del TSE y obtener
un fallo final y definitivo del TC, máximo guardián de los derechos
fundamentales, y quien tiene la ultima palabra en lo que respecta a la
aplicación de la Carta Sustantiva y su interpretación.
Es
importante que quede claro que las autoridades del partido siguen legal y
constitucionalmente vigentes, pues la decisión del TSE en modo alguno
altera el desenvolvimiento institucional del PRD. Esta sentencia mal
fundada no impedirá la continuación del fortalecimiento institucional,
la vida normal de los organismos de dirección y el crecimiento
vertiginoso del PRD.
