DETRÁS DEL HORIZONTE |Por Dr. Darío Yrizarry | El desarme de la población civil dado a conocer por el Ministro de Interior y Policía señor Jesús –chu- Vásquez en recientes intervenciones mediáticas ha encendido las alarmas de la población al enterarse de que este emprenderá un programa con el propósito de que los dominicanos portadores de Armas de fuego acudan voluntariamente a entregar aquellas que se encuentran en condiciones de ilegalidad, de acuerdo a lo estipulado en la vieja y rancia ley 36, aunque con sus modificaciones y ampliaciones del 2004.
Intentos fallidos hechos por anteriores gobiernos sobre el control de las armas nos han revelado que no obstante la anterior modificación, el tráfico y venta de Armas de fuego es un negocio poderoso que tiene raíces en los propios organismos de seguridad nacional, llámese fuerzas armadas, policía nacional y a quienes usted quiera agregar como corresponsables, y el ministerio no ha podido acabar con este mal.
Es sabido que desde la vecina Haití se introducen casi la totalidad de las armas de fuego que hoy portan (legal o ilegal) los dominicanos y que constituye un gran negocio que engrosa los bolsillos de muchos.
Penosamente nos hemos hecho eco del plan de desarme de la población que en esencia es bondadoso, receptivo y saludable a la sociedad pero suspicaz, mirando que dentro de las medidas anunciadas por el Ministerio en ninguno de sus considerandos relata la estrategia a seguir que desde dentro se llevaría a cabo en relación a nuestra frontera con Haití, tomando en consideración que justo es por esa misma frontera que entran el 80% de todas las armas de fuego que porta ilegalmente el dominicano común, sino también una cantidad de sustancias controladas (droga) camufladas en transportes de mercaderías, trasiego de autos, camiones y motores robados, rumor público archiconocido que va de boca en boca y es de conocimientos de los organismos de seguridad nacional.
Anteriores gobiernos y en los primeros meses de gestión han hecho lo propio con elaboración de estrategias para regularizar un mercado que se ha evidenciado no basta con ello sino se llega a la raíz del mal que todo dominicano conoce. La profundidad que enraíza este cancerígeno mal necesita de un cierre parcial de nuestra frontera a modo de controlar con reales propósitos la alta contaminación social que hemos sufrido.
El empresariado, aunque pareciera una clase intocable, tiene que despojarse de su ambiciosa naturaleza de enriquecimiento asumida en los años siguientes a la muerte de Trujillo, de tal manera que las contribuciones que desde ese sector empoderado hagan al país sean vistas por los dominicanos como buenas y validad, aportes traducidos en fortalecimiento salarial de la mano de obra dominicana. Solo así, aliado a la mano de obra nacional, podremos subir al siguiente nivel en los positivos índices de desarrollo humano publicados por el PNUD en las últimas mediciones, contrastando con la realidad social que conocemos.
Se hace urgente que el Ministerio de Interior y Policía como órgano responsable de regular las armas de fuego y otros derivados en malos de civiles, aplique rigurosamente y de manera unilateral lo que la ley le confiere como acto mandatorio a ejecutar, de modo que los dominicanos en pocos años podamos conciliar el sueño en paz. Sin embargo, la duda por la eficacia de este programa se apodera de nuestras mentes por tratarse de una simple premisa que ninguna persona que delinque y usa un arma como herramienta de su travesura jamás acudirá al ministerio a entregarla.
Así también sería el comportamiento de hombres de trabajo que la porta de manera ilegal para defensa personal ante la delincuencia rampante y que ha elevado de manera alarmante el índice de mortalidad por feminicidio, homicidio por negocio de drogas y atracos a mano armada, atribuyéndoles como causalidad al porte y tenencia de armas de fuego, aquellas mismas que entran ilegalmente por la frontera. Y como ciudadanos comunes solo nos resta externar nuestra preocupación y opinar sobre el tema…no más.
