SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La paz que se respira en su entorno, rodeada por cultivos de plátano, caña y otros productos agrícolas y el Mar Caribe al otro extremo, es muy diferente a la controversia que ha acorralado a la Central Termoeléctrica Punta Catalina desde su licitación y adjudicación del contrato, su construcción y hasta las protestas de cientos de empleados que reclamaban bonos prometidos por Odebrecht, trabajadores que llegaron a tomar el control de la sala de mando en las instalaciones de la mega obra.
Con una caldera que arde, generando la primera planta hasta 320 megavatios aun en modo de prueba, es la obra más cara en la historia del país, con un contrato de más de 2 mil millones de dólares y un litigio pendiente por otros 700 millones de dólares. La construcción de la termoeléctrica ha sido promovida por la CDEEE como parte de “las acciones encaminadas a garantizar a los dominicanos un futuro sin apagones, con energía estable, confiable y a precios razonables”. Pero, ¿a qué costo?
Según documentos del sistema de comunicación Drousys de la División de Operaciones Estructuradas, división a través del cual la constructora admitió se pagaban sobornos, Odebrecht desembolsó 39.5 millones de dólares, solo por la obra de la Central Termoeléctrica, a través de pagos que quedaron fuera de sus registros contables.
Los registros forman parte de hojas de cálculo, estados de cuentas bancarias y correos electrónico, entre otros documentos, que datan de 2010 a 2015, que fueron analizados mediante una investigación internacional titulada “División de Sobornos” en torno a las operaciones de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina. El trabajo encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación, cuenta con la participación de 50 periodistas de 19 medios, en 10 países: Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela.
El equipo exploró más de 13 mil documentos obtenidos por La Posta de Ecuador y compartidos con el Consorcio, que fueron almacenados por dicha división en una plataforma de comunicaciones secreta conocida como Drousys. Los archivos también fueron obtenidos por separado por el medio ecuatoriano Mil Hojas, que se sumó a este proyecto.
Las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y a lo ancho de toda la región, y que se van mucho más allá de lo informado públicamente hasta ahora. Aparte de los pagos vinculados a Punta Catalina, los registros revelan:
Diecisiete pagos por un total de más de 3 millones de dólares relacionados con un gasoducto en Perú. Entre los beneficiarios que aparecen en esos pagos se encuentra una empresa propiedad de un político peruano.
Correos electrónicos donde se discuten los pagos secretos, realizados por un banco propiedad de Odebrecht, a empresas fantasmas y relacionados con un contrato de 2 mil millones de dólares para la construcción de una red de transporte subterráneo en Quito, capital de Ecuador.
Y pagos relacionados con más de una docena de otros proyectos de infraestructura en países de toda la región, incluyendo más de 18 millones de dólares vinculados a la red subterránea de la Ciudad de Panamá, y más de 34 millones de dólares relacionados con la Línea 5 de la red de Caracas, Venezuela.
Es en esta base de datos que el equipo de El Informe encontró casi cinco decenas de pagos estipulados para la Planta Termo, con sus respectivos “codinomes”, que significa nombre en clave en portugués, no solo canalizados a través de las empresas de Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado por el caso, sino por otras ocho compañías off shore, hasta ahora no conocidas.
