AZUA. Un juez de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Azua dispuso ayer tutelar los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la integridad psíquica y física y a la salud, de dos mujeres de nacionalidad dominicanas, las cuales habían sido recluidas en una misma celda conjuntamente con quince hombres en el destacamento principal del Distrito Judicial de Azua.
Las imputadas Edilenny Melendez y Mily Ramírez fueron sometidas a la justicia por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Azua, y tenían medida de coerción de prisión preventiva a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Femenino de Baní; sin embargo, ellas permanecían recluidas en la misma celda con los hombres, en graves estado de hacinamiento.
El Magistrado Alexis Miguel Arias Pérez, al acoger la acción de amparo, ordenó que las ciudadanas fueran sacadas de la celda de manera inmediata, y que permanecieran en un área diferente, y en la mañana sean remitidas al recinto penitenciario indicado por el tribunal que impuso la medida de coerción.
El magistrado indicó mediante dictamen que esta situación colocó a esas dos mujeres en una grave situación de riesgo y vulnerabilidad, por su condición de mujer y por tener que compartir la misma celda, creada para no más de dos personas, con quince hombres, con altos niveles de insalubridad.
Agregó, “el hecho de mantener a dos mujeres conjuntamente con quince hombres en prisión, en una misma celda, constituye en sí mismo un acto de violencia grave contra la mujer en los términos descritos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, reseñado por la Corte IDH en el caso Castro Castro contra Perú, al indicar que “dicha discriminación incluye la violencia basada en el sexo, “es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”.
Por su parte, las defensoras públicas, licenciadas Juana Bautista de la Cruz y Claudia E. Jiménez, indicaron que la celda no tiene ninguna condición de higiene, sin cama donde dormir, con escasa ventilación, sin recibir alimentación adecuada y tener que compartir un mismo baño con personas de sexo diferente, en condiciones precarias y sin la más mínima posibilidad de preservar su intimidad y su dignidad, además con el temor latente de ser atacadas sexualmente en cualquier momento.
“La permanencia en prisión de las citadas mujeres provocó un grave sufrimiento mental por los niveles de angustia e incertidumbre provocados por el temor de ser objeto de algún tipo de ataque sexual por parte de sus compañeros de celda en cualquier momento”, puntualizaron.
También, el juez Alexis Arias ordenó el traslado de todos los masculinos a sus respectivos Centros de Corrección.
