DETRÁS DEL HORIZONTE | Por Dr. Darío Yrizarry.- Desde la década de los 70s la República dominicana ha estado sumergida en turbulentas aguas sociales cuyos gobiernos de turno han tenido que lidiar para mantener a flote ese gran buque que nos representa como país-nación llamado Estado.
Desde la creación y surgimiento de los sindicatos del transporte y la benevolencia política del Dr. Balaguer para legalizar sus operaciones, los dominicanos hemos tenido que cargar con un costo social abrumador e incalculable por demás para mantener estos grupos a los que hemos tenido que subsidiar eternamente con el dinero de los impuestos que cada dominicano tributa, engrosando sus bolsillos sin recibir nada a cambio.
Huelgas tras huelgas cada cuatro años significaron millonarias sumas para cambiar flotillas de vehículos con dinero propiedad legitima de los dominicanos para favorecer a los señores cabezas de estos grupos sindicalistas que hoy vemos como grandes empresarios detentadores de incalculables fortunas fruto del gran negocio del transporte, fortunas que nos restriegan abusivamente en nuestras narices.
El crossover hecho por estos señores ha sido espectacular: de sindicalistas a empresarios del transporte, sin banderías e ideologías políticas definidas, ya que su norte siempre ha sido subirse a la nave que conduce el Capitán de turno. Así si es bueno.
A rain de estos vicios sociales, más de cuarenta años han pasado y hoy en pleno siglo XXI, en la era de los carros voladores y el desarrollo de motores de energía de combustibles no fósiles, la República Dominicana no termina de eliminar ese remanente de viejas prácticas ancladas en el pasado y que pretenden incidir con sua presiones evitar que el Gobierno apruebe nuevas y modernas formas de transporte benediciosas para los usuarios.
El gobierno dominicano encabezado por Luis Abinader tiene que necesariamente despojarse de esa actitud pretenciosa e imposible de caerle bien a todos los segmentos sociales, asumir como mandatario el conflicto entre estos sectores y buscar soluciones de una vez por todo al problema del transporte en toda la provincia la Altagracia y el Pais antes de que, como se vislumbra, podamos salir afectados con las noticias internacionales de los atropellos abusivos a turistas que frecuentemente vemos.
La constitución de la república, aquella que fue consensuada por los dominicanos en el 2010, estableció bien claro la consagración de la libertad de empresa donde cada ciudadano tiene la prerrogativa de dedicarse de manera libérrima, personal o en grupo societario a dedicarse a cualquier actividad económica elegible, prohibiendo el monopolio. Y el gobierno está en el deber y obligación de hacerlo valer para garantizar a los dominicanos el libre uso de esa prerrogativa constitucional.
El país conoce de las violaciones acompañadas de agresiones personales de esos sindicatos en contra de los usuarios que deciden elegir una compañía diferente a las anacrónicas existentes, los que jamás deben estar por encima de la Constitución dominicana. Y estos grupos reciben apoyo incondicional de entes sociales muy influyentes que se mueven en todos los gobiernos en una trilogía compuesta por sindicatos de trabajadores hoteleros, sindicatos de choferes, empresarios del transporte, protegido por la facultad de ser funcionario gubernamental. Y todos los conocemos….y nadie dice nada.
Hoy como nunca, después de sortear la crisis del Turismo vivida en el 2009 y 2010, la crisis pandémica mundial que nos lacera económicamente y tomando en cuenta que la competencia internacional ancla sus ojos en el destino más afluente del Caribe, se impone una disposición gubernamental autoritaria con la dictadura que ella misma se hace valer cuando interpretamos aquella máxima jurídica que reza dura lex, sed sex.
