SANTO DOMINGO .- La suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien es investigada por presuntos actos de corrupción luego de favorecer con acuerdos penales abreviados a dos hombres que intentaron asesinar a sus exparejas y que tras salir de las cárceles consumaron el crimen, no es procuradora fiscal sino fiscalizadora y en ese sentido la Oficina de Atención Permanente de San Pedro de Macorís puede conocerle medida de coerción.
Pese a que la Procuraduría General de la República la ha identificado todo el tiempo como fiscal y que notificó a Diario Libre que esa es su función, la realidad es que Hernández Morales es fiscalizadora de carrera según pudo confirmar este medio en el reporte de nómina del pasado mes de agosto, días antes a que se produjera su suspensión al ser sometida a investigación luego de que Yasmil Oscar Fernández asesinara a la abogada Anibel González.
En tal sentido, la solicitud que está programada para conocerse este lunes no sería remitida a la Corte de Apelación de esa demarcación puesto que la Constitución de la República establece el privilegio de jurisdicción para las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios.
Los fiscalizadores son el rango básico en el Ministerio Público y son los representantes de esa institución ante los Juzgados de Paz. Si bien es cierto que son inferiores jerárquicos que los procuradores fiscales, en muchas fiscalías, como en el caso de San Pedro de Macorís, ejercen funciones por encima de los fiscales. Esta situación se debe a múltiples factores, explicaron varios funcionarios consultados por este medio.
Uno de los abogados de la suspendida fiscalizadora dijo que la funcionaria pública está siendo utilizada como “chivo expiatorio” luego de que la Inspectoría General del Ministerio Público y la Fiscalía a la que pertenece la sometieran penalmente por presuntos delitos de asociación de malhechores, corrupción y falsificación de documentos.
Abel Quezada expresó que Margarita Hernández hablará con el rostro en descubierto al país porque ella considera que ha sido tomada como “chivo expiatorio”.
