Por: José Francisco Peña Guaba| Sé que avergüenza a una parte de la ciudadanía que nuestro país se encuentre entre las 6 naciones que se perciben como más corruptas en América Latina, según reporta el “Índice de Percepción de Corrupción” (IPC), publicado anualmente desde 1995 por la organización sin fines de lucro Transparencia Internacional, que en su informe de 2020, cuyos resultados se dieron a conocer en enero de este 2021, colocó a nuestro país en la posición 137 de los 179 evaluados. 

El nivel de indignación ciudadana que revelan tan crudamente las redes sociales, refleja el hastío por tantos años de abusos contra el erario, pero si no se conocen la causas no se entenderán ni las consecuencias del descontento social con el tema de la corrupción pública.

La corrupción nuestra es “histórica”, viene desde los tiempos de la colonia –cuando los representantes de la corona española obtenían pingües beneficios, mientras la población padecía las más terribles escaseces-. 

De modo que la corrupción es “endémica”, porque desde hace años afecta a todo el país y, además, es manera “permanente y sistémica”, porque ha permeado casi todas las instituciones del Estado. Asimismo, es de naturaleza “familiar” porque es en el núcleo principal de la sociedad donde se derivan las principales presiones para que se lleve a cabo.

En nuestra sociedad existen cuatros factores en el contexto sociopolítico y cultural de nuestro país, que han sido determinantes para el crecimiento de la corrupción. A saber:

1-     La debilidad institucional del Estado y el acendrado centralismo administrativo han permitido redes locales y nacionales de poder que han imposibilitados políticas verdaderas de control de los recursos públicos.

2-    El clientelismo, que es un mecanismo no institucional de creación de lealtades asimétricas en virtud del cual se intercambian bienes y servicios por apoyo electoral. El clientelismo político se ha fortalecido en estos 43 años de democracia, al punto de que las leyes electorales han terminado por dar origen aun “clientelismo de mercado”, como se observa en los ámbitos locales (municipios, distritos y barrios). Lo peor es que ha ido in crescendo, al punto de que la inversión política (en traslado de simpatizantes a los centros de votación y otros elementos correlativos) ha llevado el “costo del voto” a niveles exorbitantes.

3-    El narcotráfico, que en busca de redes de protección oficial para poder operar propicia la inversión de cuantiosos recursos en la política, de manera que se puedan obtener “ciertas inmunidades” para desarrollar sus actividades, lo que a fin de cuentas aumenta exponencialmente la corrupción.

4-     Cultura del incumplimiento de las leyes y normas. La nuestra es una sociedad llena de ciudadanos que no están dispuesto a acatar el imperio de la ley; solo la aceptamos cuando beneficia a nuestros intereses. Hemos construido un ciudadano arrogante, que si está en el poder se cree por encima de la ley; si es muy despierto entiende que la ley se hizo “para los tontos y los pobres”, que irrespeta la ley porque en su “cultura del desprecio” interpreta que ella solo se ha hecho para los fuertes para sojuzgar a los débiles.

Un país con las debilidades antes mencionadas, en el que las personas tienen por objeto el afán de enriquecerse a toda costa, el deseo irrefrenable de “disfrutar de la vida” sin trabajar por ella, permiten asegurar, sin rigurosidad técnica pero sí pragmática, que ese país, como va la República Dominicana, camina directo al desastre.

Los fines por lo cual se construyen los entramados de la corrupción definen claramente su objetivo y caracterizan varias formas de corrupción, que podemos analizar brevemente de la manera que sigue:

1-     La “corrupción de la supervivencia” o “básica” es la que se da para agenciarse los recursos para tener lo mínimo para vivir (una casa, un carro y algunos recursos para montar un negocio o realizar alguna actividad que permita obtener la anhelada estabilidad económica para después que ya no se ejerzan las funciones públicas). Este tipo de corrupción no busca ostentación. Una de las causas decisivas que la provoca es, sobre todo, la inestabilidad laboral que padecen los servidores públicos.

2-     La corrupción “obligada”, la que padecen casi todos los funcionarios, a los cuales sus partidos, dirigencia, militancia o simplemente por exigencias de campaña se ven conminados a buscar recursos para ayudar a su partido y cumplir los compromisos políticos electorales, hacer aportes en efectivo, pagar combustibles, sufragar actividades de tipo electoral, realizar aportes en metálico para actividades de recaudación política y para cubrir gastos de asignaciones geográficas electorales asignadas, entre otros. Sé de gente honestísima en términos personales, que para su partido han tenido que agenciar grandes aportes económicos sin detenerse mucho a considerar su origen.

3-     La corrupción “para preservar el poder”. Esta es la más demencial de todas, la que “todo lo justifica”, la que incluye a casi todos porque el que no aporta y no hace esfuerzos en ese sentido, los demás lo ven con ojeriza y lo presentan como desleal a la “causa suprema” que es “mantener el poder”. Esa se da básicamente en los proyectos reeleccionistas, donde todo el Estado se tiene que poner al servicio del presidente de turno y ¡ay del que se equivoque!, porque le aplican “la aplanadora”. Toda la estructura política se dispone, desde abajo hasta arriba, a hacer “lo que sea necesario” para lograr los fines ulteriores (conservar el poder).

4-     La corrupción “de la garantía futura”. Esa se da para buscar los recursos necesarios para volver a buscar el poder. Por ella se crean “redes de personas leales” a las que se les permite hacerse ricas… para que luego puedan aportar los recursos de campañas por venir. El mago de ese tipo de corrupción fue el doctor Balaguer, pero no así en términos personales (ya que no se le encontró riqueza alguna y su manejo personal siempre fue frugal en extremo). Pero en sus 12 años muchos se enorgullecían de que habían hecho 300 millonarios, personas que, comprometidas con quien los ayudó, eran los sostenedores de los recursos de campaña necesarios para “volver otra vez” al poder. Este es un tipo común de corrupción en aquellos grupos donde siempre se desea tener o retener el poder. 

5-     La corrupción “para mantener liderazgo o espacios políticos”. Ahora es, tal vez, la más común. Es la que están generando el clientelismo político y el alto costo de las campañas. Se basa en buscar recursos para agenciarse candidaturas congresuales y municipales y, en muchos casos, candidaturas nacionales. Muchas veces se invierte hasta el 100% de lo que se gestiona y obtiene, porque sus poseedores creen que con recursos ganarán la posición, de manera que para lograrlo  se adentran en un círculo irrefrenable de gastos… aunque después tienen las manos en la cabeza, cuando pierden o no logran la nominación.

6-     La “mega corrupción” es la que genera fortunas extraordinarias.  Nunca tiene fines políticos, solo personales; casi nunca es cometida por cuadros políticos, porque esa no es su pasión ni su oficio. Son los grandes beneficiarios de la corrupción, los dueños de los grandes patrimonios, que no son de nadie ni le son fieles a nadie, solo a su particular interés; hacen aportes a todos los candidatos, de todos los partidos, pero solo invierten “de verdad” en quien creen que va a ganar. Son oportunistas, con tentáculos en todos lados. Este grupo está compuesto por empresarios de alto perfil, contratistas, lobbistas, familiares de candidatos, etcétera.

Como verán, esos son los trapos sucios de la democracia, que abarcan a todos sin excepción, porque hasta el más honesto en algún momento ha tenido que aportar a su partido y a la causa de su candidato o presidente, o ha tenido que hacerse responsable de algún área geográfica o de determinados recintos electorales, o de “colaborar” con “sus compañeros”.

Son varias las cosas que se pudiesen hacer para disminuir la corrupción, pero la primera es reducir sustancialmente los costos de campaña. En efecto, mientras obtener una regiduría cueste más de 5 millones de pesos, como hay casos; mientras las diputaciones exijan el gasto de más de 20 millones de pesos, las senadurías terminen costando, algunas, más de 50 millones y ni hablar de una campaña presidencial -porque son tantos y tantos los millones a invertir que se pierde la cuenta-, mientras eso esté ocurriendo ¡no habrá forma de que disminuya la corrupción!