REPUBLICA DOMINICANA .- Como ocurre cada vez que hay un cambio de gobierno de partidos opuestos, hace más de 90 años el presidente Rafael Estrella Ureña emitió el decreto 1270 con el que creaba la “Comisión de Investigaciones” y cuyas funciones eran la de “hacer una investigación minuciosa de la inversión de los fondos públicos, desde el día 12 de julio del año 1924 hasta el 31 de marzo de 1930”.
El decreto fue emitido el 1 de abril de 1930 a los pocos días de Estrella Ureña asumir el poder después de conspirar junto a Rafael Leonidas Trujillo contra el Horacio Vásquez en febrero de ese año.
Entre los considerandos que justificaba la disposición del Ejecutivo cita que “el estado ruinoso” en el que se encontraba la hacienda pública del país y que hacían “presumir que los fondos del Estado no han sido administrados con la escrupulosidad requerida”.
El decreto agrega que era “necesario que los tribunales de justicia apliquen las sanciones que pronuncia la ley contra aquellos que resulten culpables de malversación de fondos públicos”.
La Comisión de Investigaciones de la corrupción estaba integrada por el secretario de justicia e instrucción pública, Armando Rodríguez; el secretario de Estado de Interior y Policía, Jacinto B. Peynado; el senador y el diputado por la provincia de Santiago, Francisco Pereyra y Tácito Cordero, respectivamente.
El período presidencial de Estrella Ureña solo fue hasta el 30 de agosto de 1930, cuando asumió como vicepresidente de la República, acompañando a Rafael Leonidas Trujillo, quien se juramentó de presidente. Trujillo permanecería en el poder por más de 31 años consecutivos.
Según historiadores, Estrella Ureña fue obligado renunciar a la segunda posición más importante del Estado por el sátrapa en 1932.
En los últimos 24 años
El Pacto por la Democracia entre el presidente Joaquín Balaguer, como líder del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Juan Bosch, del Partido de la Liberación Dominicana, que llevó a ganar la segunda vuelta en las elecciones de ese año a Leonel Fernández, razón por la que la denuncia de corrupción contra el gobierno anterior no tuvo la trascendencia como cuando son partidos totalmente opuestos.
En el 2000, al llegar al poder el presidente Hipólito Mejía del Partido Revolucionario Dominicano, se retoman las fuertes acusaciones y sometimiento a la justicia de funcionarios de la gestión que se sustituyó.
El primer gran escándalo que se destapó en el gobierno de Mejía fue el del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) con el que se estafó al Estado con más de RD$1,438 millones, y entre a los exfuncionarios que involucraba eran a Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y Noe María Camacho Ovalles, quienes fueron a prisión y descargados en el 2007, ya el PLD de nuevo en el poder.
El senador Félix Bautista también fue a prisión en el gobierno de Mejía por la sobrevaluación en más de RD$50 millones de la carretera de Vallejuelo, en San Juan de la Maguana cuando era director de la Oisoe.
Bautista fue descargado también en junio del 2005, tres años y seis meses después de ser sometido a la justicia.
Desde el 2004, cuando retornó el expresidente Ferández al poder, el PLD gobernó por 16 años consecutivos hasta ser sustituido por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y su candidato Luis Abinader, quien, dentro de sus principales promesas, acabar con la impunidad del pasado gobierno y cualquier acto de corrupción que se detecte en su actual administración.
