Por Juan López / Santo Domingo, RD.- La máxima popular “es mejor precaver que remediar” sirve de premisa para esta reflexión, a propósito de la obligación moral, ética y constitucional (Art. 212) que tiene la JCE para organizar y bien administrar las próximas elecciones presidenciales y congresuales, de manera que resulten equitativas, limpias y transparentes para que sus resultados sean legales, legítimos y aceptados por los actores participantes (electores y elegidos).
La credibilidad de la actual JCE es frágil como consecuencia de varios errores que ha cometido, destacándose su accionar en las frustradas elecciones municipales del pasado 15 de febrero así como su principalía en los errores informáticos que se le enrostró con el resultado de la investigación que al respecto realizó la OEA.
Recientemente, el liderazgo de la sociedad política y parte de la sociedad civil se vio precisado a manifestar su preocupación y presiones por la dejadez de la JCE, evidenciada en el “descuido y desidia” para gestionar el montaje de las logísticas del voto de los dominicanos en el exterior (alrededor de 600 mil), subestimando su representatividad socio-política y su derecho constitucional, lo cual afectaría la legalidad y legitimidad de la voluntad popular, que debe ser blindada y respetada a todo costo.
Nadie cuestiona el negativo impacto de la crisis económica, social y psicológica que producirá la pandemia del coronavirus (COVID-19) en nuestro país:
Interrupción de la estabilidad macroeconómica, del sostenido crecimiento del PIB por encima del 5 % y peligroso aumento de la prima del dólar que abortaría el control de la inflación. El desempleo podría ascender a más del 25 %, se reducirá la clase media, aumentaría la pobreza, la delincuencia e inseguridad ciudadana.
Esa será la realidad económica y social que recibirán las nuevas autoridades del gobierno que se juramentará el próximo 16 de agosto, que se complicaría en demasía si la voluntad popular es irrespetada y el resultado de las elecciones resultare cuestionado e ilegítimo, lo cual podría generar una compleja crisis política de imprevisibles y peligrosas consecuencias.
Por lo tanto, para evitar una complicadísima crisis económica, social, psicológica y política que trastornaría la paz social, la institucionalidad y gobernabilidad democrática, es obligatorio, política y moralmente, que los principales líderes de nuestra clase política y sociedad civil, en especial el gobierno y la JCE (los 5 jueces, sus principales ejecutivos y técnicos) asuman la máxima popular que les aconseja: “es mejor precaver que remediar”.
Evitemos que a la crisis económica y social que nos dejará el COVID-19 se le agregue una crisis política. No le “echemos leñas al fuego”. Estamos a tiempo para evitar una posible crisis política que, sin lugar a dudas, afectaría el presente y futuro de nuestro país. ¡La JCE, el gobierno y el liderazgo político tienen la palabra!
Para esos fines, la organización y montaje de las logísticas (para electores en el país y en el extranjero) debe ser pertinente para garantizar una buena administración de las elecciones del próximo 5 de julio, en la que predomine la equidad, transparencia y respeto a la voluntad popular que pueda mostrar su legalidad y legitimidad, gracias a lo cual se consolidará la institucionalidad y gobernabilidad democrática para seguir avanzando en la meta de un futuro económico, social y político venturoso y promisorio para el pueblo dominicano. ¡Qué así sea!
