SANTO DOMINGO . — La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, indicó que la realización de una rifa para captar fondos para la campaña política a lo interno del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), tal como admitió el director de esa institución, es una violación a la Ley No. 41-08 de Función Pública.
Esta mañana el director de Promipyme, Porfirio Peralta, admitió en el programa radial El Sol de la Mañana que vende unos boletos por medio de su movimiento político Espacio Nacional de Crecimiento (Crece). Cuando le preguntaron si vendía estos boletos en la institución, dijo: «Todo el esté dispuesto a apoyarnos con relación a Espacio de Crecimiento (Crece) que pueda contribuir comprando para sacarse los premios, porque es una rifa… nadie está obligado a comprarlo».
Con esta acción, Ortiz Bosch considera que Peralta confirma que está desconociendo la ley de Función Pública, que en su artículo 80, define como violatorias las siguientes acciones:
- «Requerir e inducir, u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros».
- También, «establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su autoridad o cargo».
El organismo regulador de la ética en la administración pública señaló que la violación a la normativa por parte de Peralta fue uno de los temas que se trató en el Consejo de Gobierno celebrado el lunes 31 de octubre, a solicitud del presidente Luis Abinader.
Solicita la suspensión de la práctica en Promipyme
Ortiz Bosch indicó que ante esta situación solicita la suspensión de esta práctica a lo interno de la institución pública.
«Al admitir Porfirio Peralta, cuya honestidad conozco, ‘la venta de boletos a empleados’, comete un error que se interpreta: ‘valiéndose de su autoridad o cargo’, obligándonos a solicitar públicamente al Ministerio de Industria, Comercio Mipymes (MICM) y al de Administración Pública demandar la suspensión de esa práctica y recomendar a ambos órganos rectores las acciones pertinentes«.
